En un movimiento sin precedentes, LaLiga y Movistar+ han provocado una de las mayores caídas de Internet en la historia de España. La decisión de bloquear direcciones IP asociadas a Cloudflare con la excusa de combatir la piratería ha tenido consecuencias devastadoras: más del 20% del tráfico de Internet en el país ha sido afectado. ¿Es este un ataque directo a la neutralidad de la red o simplemente el abuso de poder de dos gigantes corporativos?
El pretexto: la lucha contra la piratería
LaLiga lleva años luchando contra la retransmisión ilegal de partidos. Su última ofensiva ha sido el cierre de DuckVision, una plataforma que ofrecía partidos de fútbol sin derechos de emisión. Hasta aquí, todo parece una batalla legítima en defensa de los derechos de autor. Sin embargo, lo preocupante es la manera en la que se ha ejecutado.
En lugar de atacar directamente los servidores de estos servicios ilegales, LaLiga y Movistar+ han optado por un enfoque radical: bloquear rangos enteros de IP asociadas a Cloudflare. Para los que no estén familiarizados, Cloudflare es una de las mayores empresas de seguridad y distribución de contenido en Internet. Su tecnología es utilizada por millones de sitios web en todo el mundo, desde pequeñas empresas hasta gigantes tecnológicos. Con este bloqueo masivo, han causado un daño colateral sin precedentes.
El desastre: páginas web legítimas caídas por completo
La censura no solo ha afectado a páginas piratas, sino que ha tumbado una infinidad de servicios legítimos. Empresas, medios de comunicación, foros, comercios electrónicos y hasta servicios gubernamentales que dependen de la infraestructura de Cloudflare han quedado inaccesibles para usuarios de Movistar y O2. En otras palabras, por intentar impedir que algunos vean el fútbol gratis, han comprometido el acceso a una parte significativa de Internet.
Los informes sugieren que más del 20% del tráfico de Internet en España se ha visto afectado. Un apagón digital histórico provocado por decisiones empresariales que priorizan los intereses económicos de LaLiga y Movistar+ por encima del acceso libre a la red.
El ataque a la neutralidad de la red
La neutralidad de la red es un principio fundamental de Internet: todas las conexiones deben ser tratadas por igual, sin privilegios ni discriminación. Pero lo que estamos viendo en España es todo lo contrario. Dos gigantes corporativos han decidido unilateralmente qué servicios se pueden usar y cuáles no, sin regulaciones claras ni transparencia.
Si permitimos que este precedente se normalice, ¿qué impide que en el futuro se bloqueen otras plataformas en función de intereses económicos? ¿Podría una operadora bloquear Netflix para favorecer su propio servicio de streaming? ¿O impedir el acceso a un medio de comunicación crítico con su empresa matriz?
Las pérdidas económicas: un golpe a miles de negocios
El impacto económico de este apagón digital ha sido devastador. Miles de negocios que dependen de la infraestructura de Cloudflare para gestionar sus tiendas online han sufrido pérdidas millonarias. Comercios electrónicos han visto cómo sus clientes no podían acceder a sus plataformas, generando una caída drástica en ventas y, en muchos casos, reembolsos masivos por pedidos no procesados. Empresas de servicios digitales han enfrentado interrupciones críticas, perdiendo clientes y dañando su reputación.
Este bloqueo arbitrario ha afectado la confianza en la estabilidad de la red en España. ¿Quién se va a hacer responsable de estas pérdidas? Ni LaLiga ni Movistar+ han asumido responsabilidad alguna, y los damnificados se encuentran en una situación de total indefensión. Los afectados podrían emprender acciones legales, pero, ¿contra quién? ¿Quién compensará a los negocios que han visto desaparecer sus ingresos de la noche a la mañana?
La excusa perfecta para un control corporativo de Internet
Esto no es solo una cuestión de piratería, es un ensayo de control. LaLiga, en su afán por proteger su negocio, ha encontrado la complicidad de Movistar+ para tomar medidas draconianas que comprometen la libertad digital de millones de usuarios. Este es el verdadero problema: la facilidad con la que intereses privados pueden manipular el acceso a la información y a los servicios en línea.
Mientras tanto, Cloudflare ha respondido con dureza, argumentando que los bloqueos de IP compartidas afectan el acceso de millones de usuarios legítimos y que los derechos de autor no pueden justificar la censura indiscriminada. Y tienen razón. Este episodio ha expuesto la fragilidad de nuestra infraestructura digital cuando se encuentra a merced de corporaciones con agendas propias.
¿Y ahora qué?
Las consecuencias de este desastre aún están por verse, pero lo que es seguro es que ha encendido todas las alarmas. Los organismos reguladores de telecomunicaciones deben intervenir para evitar que estos bloqueos arbitrarios se conviertan en la norma. Si permitimos que esto pase sin respuesta, habremos dado un paso más hacia un Internet fragmentado, dominado por los intereses de las grandes empresas.
La pregunta ahora es: ¿vamos a aceptar que el acceso a Internet en España quede en manos de LaLiga y Movistar+, o vamos a defender la neutralidad de la red?